LXIV Legislatura Hidalguense aprueba por unanimidad Reforma Constitucional en materia de extinción de dominio

Hidalgo, octava entidad en adherirse a la Minuta de Proyecto de Decreto enviada por la Cámara baja.

“Nos encontramos ante una inestimable oportunidad para fortalecer nuestro andamiaje jurídico”: Ricardo Raúl Baptista González.

Contextos Regionales.- Pachuca, Hgo. | Maritza Zárate | Este miércoles 6 de febrero, integrantes de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo abrieron el primer periodo extraordinario de sesiones para aprobar la Minuta de Proyecto de Decreto por el que se reforman el artículo 22 y la fracción XXX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Extinción de Dominio.

El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, Ricardo Baptista González, dijo durante la sesión en la que se votó por unanimidad la Reforma Constitucional que esta tiene de fondo las demandas más sensibles de la sociedad y abre la puerta para robustecer el combate a ilícitos que lastiman de manera profunda a la sociedad, como el vivido recientemente, dijo en referencia a la tragedia de Tlahuelilpan.

Añadió que fue con ese espíritu que los legisladores federales aprobaron en lo general el documento, por unanimidad, con 474 votos. Fue evidente, dijo, que todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara baja “apostaron por sentar un claro precedente de la seriedad y determinación con que el Estado hará frente a estos lastres”. Esta reforma no se contrapone con el marco de respeto a los derechos humanos, más bien posibilita un contexto de seguridad jurídica y garantías que el país exige, añadió.

En pro del dictamen, participaron: el priista Julio Manuel Valera Piedras, encargado de la presentación de la minuta, quien ratificó a nombre de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales la coincidencia de los objetivos del documento; el representante partidista del Partido del Trabajo (PT), Miguel Ángel Peña Flores, quien externó: “Con esta reforma se faculta al Congreso de la Unión para legislar en materia de extinción de dominio, hecho muy importante porque estos delitos, además de lastimar seriamente la vida social e institucional, tienen un altísimo impacto económico”; la representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) María Luisa Pérez Perusquía, quien mencionó que su bancada siempre estará a favor de una mejor legislación que termine con la impunidad y la corrupción: “La delincuencia y la corrupción son una problemática nacional porque han lacerado y causado mucho daño a nuestras instituciones y a la nación mexicana, por eso su combate no tiene colores”, explicó.

El representante del Partido Acción Nacional, Azael Hernández Cerón, al sumarse a la aprobación del documento, dijo: “Los diputados del PAN en Hidalgo coincidimos en que la lucha contra la corrupción, contra la delincuencia, se debe enfrentar con inteligencia, con propuestas que ayuden a dotar al estado para dar mejores resultados; hoy, a diferencia del pasado, se han dejado a un lado los intereses partidistas y hemos visto que hay una clara coincidencia en aportar en beneficio de los mexicanos”.

Con la aprobación, Hidalgo es la octava entidad en avalar la propuesta de los diputados del Congreso de la Unión, junto a Sinaloa, Tabasco, Puebla, Chiapas, Veracruz, Oaxaca y el estado de México.

“Esta acción contribuye a mermar los casi de 50 mil millones de dólares, cantidad que se estima son las ganancias de actividades delictivas como corrupción, delincuencia organizada y defraudación fiscal, entre otros”, mencionó Baptista González.

Dirigir esfuerzos a fortalecer el tejido social y a recomponer el daño que ha causado, en especial, la práctica de robo de hidrocarburos que ha formado una subcultura que corrompe principal y desafortunadamente a la niñez, son condiciones para no dejar de ver el panorama completo, explicó el legislador. Relató además que en el sexenio anterior se aplicó la figura de extinción de dominio por menos de 18 millones de dólares y a 16 inmuebles.

No habrá más impunidad ni se solapará el enriquecimiento ilegítimo, dijo a nombre de los diputados de Morena, y aclaró: “vamos a favor de estas reformas, convencidos de que son ejemplo de la búsqueda permanente de consensos para lograr mejores alternativas para el combate a la delincuencia organizada y a la corrupción, y trabajaremos siempre a favor de la protección y bienestar de las familias hidalguenses”. Saludó además la coincidencia de los demás grupos legislativos: “Caminemos juntos”, les dijo.

El documento, previamente aprobado por unanimidad en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales que preside la diputada de Morena, Roxana Montealegre Salvador, establece que no se considera confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes, en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 109, esto es, cuando los servidores públicos y particulares incurran en responsabilidad frente al Estado.

La extinción de dominio no es una confiscación siempre y cuando la aplicación de bienes de una persona sea decretada para el pago de multas e impuestos, ni cuando la decrete la autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito, explicó el representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Julio Manuel Valera Piedras durante la lectura del dictamen.

Asimismo, se señala que mediante el procedimiento jurisdiccional de carácter civil se podrá solicitar la extinción de dominio y será procedente sobre el patrimonio del imputado cuya procedencia legitima, claramente, no pueda realizar y, además, se encuentren relacionadas con las investigaciones derivadas de hechos constitutivos de delito.

El documento considera que a los agraviados por una extinción de dominio se les deben garantizar todos y cada uno de los medios de defensa para demostrar que los bienes sujetos a esa acción son de procedencia legitima. En tanto, la acción se ejercitará por el Ministerio Público a través de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autónomo del penal. Las autoridades competentes de los distintos órdenes de gobierno le prestarán auxilio en el cumplimiento de esta función.

La Ley establecerá los mecanismos para que las autoridades administren los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio, incluidos sus productos, rendimientos, frutos y accesorios, para que la autoridad lleve a cabo su disposición, uso, usufructo, enajenación y monetización, atendiendo al interés público, y defina con criterios de oportunidad el destino y, en su caso, la destrucción de los mismos.

Será procedente sobre bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y se encuentren relacionados con las investigaciones derivadas de hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.

El presidente de la Junta de Gobierno de la Cámara local y quien encabezó los trabajos legislativos, dio por clausurado el primer periodo extraordinario de sesiones, en el cual también participaron María Luisa Pérez Perusquía como vicepresidenta, Viridiana Jajaira Aceves Calva y Areli Rubí Miranda Ayala como secretarias propietarias, así como Miguel Ángel Peña Flores y Asael Hernández Cerón como suplentes generales.

 

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